En una jornada caracterizada por amplias discusiones entre diversas corrientes políticas, el Senado de la República dio luz verde por mayoría a un conjunto de cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las enmiendas pretenden modernizar el marco regulatorio ante los retos del entorno digital actual, reforzar los derechos de los consumidores y asegurar una competencia más justa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Entre los principales cambios aprobados destaca el reconocimiento explícito del acceso a internet como un derecho fundamental, lo cual obliga a las autoridades a establecer condiciones que aseguren una conectividad asequible, continua y de calidad para toda la población, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Esta disposición se alinea con los compromisos asumidos en materia de inclusión digital y desarrollo social.
Las modificaciones también abordan temas de regulación más estricta para plataformas digitales que ofrecen servicios audiovisuales a través de internet. Si bien no se trata de una regulación directa de contenidos, se establecen lineamientos sobre transparencia en algoritmos de recomendación, publicidad dirigida y mecanismos de queja para los usuarios. Se busca así avanzar en la protección de derechos de consumidores digitales sin frenar la innovación tecnológica ni imponer cargas excesivas a los proveedores de servicios.
Uno de los puntos más discutidos fue la redefinición del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incorpora nuevas métricas sobre participación de mercado y control de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto permitiría al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aplicar medidas asimétricas con mayor precisión para evitar abusos de poder de mercado y fomentar la competencia.
Asimismo, se incorpora una disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la incorporación de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en ciertos contenidos, así como interfaces adaptadas en plataformas digitales.
En lo que respecta a la radiodifusión pública, se implementan medidas para asegurar su autonomía editorial y viabilidad financiera. Se prevé la instauración de un fondo específico que facilitará la financiación de contenidos culturales, educativos y de interés social, evitando la dependencia exclusiva de los presupuestos anuales o de la publicidad comercial.
Las reformas también hacen énfasis en la protección de datos personales en el contexto digital. Las empresas del sector deberán implementar políticas claras de manejo de información y ofrecer a los usuarios mecanismos efectivos para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). De igual forma, se establecen límites a la retención de datos por parte de proveedores de servicios móviles y de internet.
Un progreso significativo es la incorporación de medidas para fomentar contenidos locales y reforzar la producción independiente. Las plataformas con una presencia importante en el mercado mexicano tendrán que asignar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en colaboración con productoras nacionales, con la meta de promover la diversidad cultural y respaldar a la industria audiovisual local.
El dictamen fue respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque algunos legisladores expresaron reservas respecto a posibles efectos colaterales de ciertas disposiciones sobre la libertad de expresión o la viabilidad operativa de pequeñas empresas del sector. Sin embargo, el consenso general apuntó a la necesidad de actualizar la legislación ante un ecosistema digital que evoluciona a gran velocidad y cuya influencia en la vida pública es cada vez más determinante.
El documento ahora será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación. De ser aprobado en sus términos, marcará una de las reformas más relevantes en la materia desde la promulgación de la ley original en 2014, consolidando un marco legal más acorde con los retos actuales de la convergencia tecnológica, la equidad digital y la protección de derechos en el entorno informativo.
