El presidente de Argentina, Javier Milei, ha emitido dos decretos que modifican las disposiciones de la ley de defensa nacional, ampliando significativamente el margen de maniobra de las fuerzas armadas. Estas disposiciones permiten que la defensa nacional sea llamada a cooperar con la seguridad interna, lo que indica un cambio en la demarcación histórica entre la defensa nacional y la seguridad interna.
La ley de defensa nacional aprobada en 1988 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, tras la restauración de la democracia, separó claramente las funciones de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, limitando la intervención militar únicamente a la defensa contra agresiones externas. Bajo gobiernos posteriores, incluidos los de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, esta línea divisoria se mantuvo, aunque sus enfoques cambiaron. Sin embargo, las recientes enmiendas introducidas por Milei representan un paso hacia una mayor intervención militar en los asuntos internos.
Redefiniendo las agresiones externas y los objetivos estratégicos
El primer decreto, firmado conjuntamente por Milei Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, redefine los «objetivos de valor estratégico», que ahora incluyen cualquier activo, instalación o infraestructura que, de sufrir daños, podría afectar gravemente la vida, el bienestar y la economía del país. , medio ambiente o seguridad. Con esta nueva definición, el Ejecutivo podrá determinar cuáles son estos objetivos estratégicos sin la aprobación del Congreso, lo que supone un cambio significativo respecto a la regulación anterior.
Además, la orden crea una «cooperación interinstitucional», autorizando al Departamento de Seguridad Nacional a solicitar apoyo de las fuerzas armadas en situaciones que el poder ejecutivo considere necesarias. Esto incluye actividades relacionadas con la vigilancia de fronteras, apoyo logístico, asistencia en emergencias y desastres naturales y capacitación operativa.
El segundo orden amplía aún más el alcance de las fuerzas armadas, argumentando que «los avances tecnológicos y las nuevas formas de definir los conflictos» requieren una respuesta adaptada a los desafíos actuales. Entre los nuevos ámbitos de acción se incluyen el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio ultraterrestre. Asimismo, se está redefiniendo el concepto de agresor externo, que ya no se limita a las fuerzas armadas de otros estados, sino que incluye a las paraestatales, los grupos terroristas, las organizaciones transnacionales y cualquier forma de agresión que afecte los intereses vitales de la nación.
Reacciones y preocupaciones
Las nuevas disposiciones han generado preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que creen que las medidas podrían abrir la puerta a la militarización de la seguridad interna. Manuel Trufó, director de la Dirección de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), afirmó que «es preocupante que se avance en la militarización de la seguridad cuando no existe una situación real que lo requiera». Truffó señaló que el gobierno utilizó términos vagos para justificar la amenaza del crimen organizado o el terrorismo, que podrían enmascarar un proyecto político más amplio.
Otro tema de debate es la inclusión de infraestructura relacionada con actividades económicas en la categoría de «objetivos estratégicos». Esto ha generado preocupación entre las comunidades indígenas y sectores sociales, quienes temen que estas disposiciones puedan usarse para reprimir manifestaciones, desalojos o protestas sociales. El gobierno de Milei criticó los bloqueos como una forma de protesta y calificó de «terroristas» a los manifestantes y a las comunidades indígenas que defienden sus territorios.
Un cambio de paradigma en defensa
El gobierno de Milei pide un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad, con mayor inversión en el ejército, regreso a los desfiles militares y mensajes que resalten el papel de las fuerzas armadas. El Día del Recuerdo, que conmemora a las víctimas de la última dictadura militar, se difundió un polémico vídeo que generó críticas por su tono reivindicativo contra las fuerzas militares.
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Discusión abierta
Las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional reabrieron el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en la democracia argentina. Mientras el gobierno de Milei sostiene que estas medidas tienen como objetivo proteger los «intereses vitales» del país contra nuevas formas de conflicto, los críticos advierten del riesgo de desdibujar las líneas entre defensa y seguridad interna, un principio que fue clave para la transición democrática. después de la dictadura militar de 1976-1983.
El impacto de estas medidas en la sociedad y los derechos humanos será un tema central en los próximos meses mientras Argentina enfrenta profundos cambios políticos y sociales bajo la administración Milei.